La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, enfrentó este martes las acusaciones de la Unión Demócrata Independiente (UDI) sobre el estancamiento del proyecto de Ley de Sala Cuna Universal. En un choque político que expone la tensión en torno a una reforma clave para la equidad laboral, la secretaria de Estado cuestionó directamente las declaraciones del diputado Jorge Alessandri y del senador Javier Macaya, quienes habían responsabilizado al Gobierno del presidente Gabriel Boric por la demora en la tramitación. Orellana desmintió categóricamente las cifras mencionadas por los parlamentarios opositores. Aclaró que el informe financiero del proyecto habla de 40.000 millones de pesos, no de 1.000 millones de dólares como había señalado Alessandri. Además, reveló un dato crucial: la propuesta del fondo Sala Cuna «viene del proyecto original del presidente Sebastián Piñera», que la actual administración ha ampliado pero también limitado para garantizar estándares educativos y excluir a cuidadoras informales no fiscalizables. El proyecto busca eliminar el artículo 203 del Código del Trabajo, una norma vigente desde 1917 que obliga a los empleadores a proporcionar sala cuna solo cuando contratan a 20 o más trabajadoras. Según la ministra, esta disposición actúa como barrera para la contratación femenina.
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