El gobierno israelí de Benjamin Netanyahu ha tomado una serie de medidas unilaterales que refuerzan su control sobre la Cisjordania ocupada, desafiando explícitamente la oposición del presidente estadounidense Donald Trump a la anexión y generando una condena internacional transversal. Estas acciones, implementadas por el gabinete de seguridad en una reunión a puerta cerrada, incluyen la derogación de una ley jordana que desde 1953 prohibía la venta de tierras a personas no árabes, el levantamiento de la confidencialidad de los registros catastrales y la reactivación de un comité estatal para que Israel compre grandes extensiones de tierra. Los ministros de Defensa, Israel Katz, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, celebraron que estas medidas «están destinadas a fortalecer los asentamientos» y a «seguir enterrando la idea de un Estado palestino». La decisión israelí pone a prueba el plan de paz de Washington y colisiona con acuerdos históricos como el proceso de Oslo y el Protocolo de Hebrón de 1997. La Casa Blanca emitió un comunicado reiterando que Trump «no apoya la anexión», mientras que la Unión Europea advirtió que las sanciones «todavía estaban sobre la mesa», incluyendo la posible suspensión de partes del acuerdo comercial.
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