El gobierno chileno actual ha cerrado la puerta a una regularización masiva de migrantes antes del fin de su mandato, dejando en manos de la próxima administración de Kast una decisión que afecta directamente a 180 mil personas empadronadas. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó categóricamente que exista un plan para regularizar a este grupo antes del 11 de marzo, fecha en que termina la actual administración, argumentando que estos procesos «son más largos, que incluso abarcan meses» y requieren un consenso político que trascienda a un solo gobierno. La posición oficial contrasta con el llamado urgente de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien en un podcast del senador Felipe Kast instó al gobierno actual a regularizar a las 180 mil personas antes de la llegada del próximo presidente, advirtiendo que de no hacerlo «va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados». Vallejo, sin embargo, enfatizó que el empadronamiento ya constituye «un paso muy importante» que permite al Estado conocer la realidad de estas personas, incluyendo datos sobre hijos, trabajo y aportes al país. El trasfondo de esta tensión política revela un choque entre la urgencia humanitaria y la planificación estatal a largo plazo.
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