La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía general que busca cerrar décadas de confrontación política, en un gesto que marca su primer mes en el poder tras la caída de Nicolás Maduro. La iniciativa, que deberá ser aprobada por el Congreso de mayoría oficialista, pretende cubrir el período desde 1999 hasta la actualidad, aunque excluirá expresamente a quienes enfrenten cargos por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. Rodríguez, quien heredó el poder tras la captura de Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero, hizo el anuncio durante la apertura del año judicial en la Corte Suprema. En paralelo, ordenó el cierre del Helicoide, la temida cárcel del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas, denunciada por opositores y activistas como centro de tortura, para convertirlo en un espacio social y deportivo. La medida llega en un contexto donde, según la ONG Foro Penal, Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, muchos de ellos detenidos en el Helicoide. Desde el 8 de enero, ya se excarcelaron unos 300 presos como parte de un proceso anunciado por Rodríguez, aunque su avance ha sido lento. La presidenta también pidió un ‘nuevo sistema de justicia’, en respuesta a las críticas de oenegés y opositores que señalan al actual como corrupto y servil al chavismo.
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